La Audiencia Nacional imputa al exconsejero madrileño Alfredo Prada por el Campus de Justicia

• El juez De la Mata investiga delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en el Campus de la Justicia de Madrid
• Prada era consejero de Justicia de Esperanza Aguirre y uno de los responsables de las contrataciones

EFE / EMILIO NARANJO

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigados en la causa por las presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia de Madrid al exconsejero madrileño Alfredo Prada y a tres cargos técnicos de la sociedad. El caso fue denunciado el año pasado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Cristina Cifuentes.

Prada fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2008, cuando Esperanza Aguirre era la Presidenta. Como tal, fue presidente y consejero delegado del proyecto que iba a constuir el Campus de la Justicia para agrupar, en el norte de la capital, las sedes judiciales de la provincia. Su nombre se hizo conocido como una de las presuntas víctimas de la trama de espionaje dentro del PP de Madrid.

Después de que el juez haya imputado a Alfredo Prada por posible desfalco en el Campus de la Justicia, el PP ha asegurado este martes que actuará contra el exconsejero madrileño si se le abre juicio oral, ya que, según recuerda, en este momento "no ocupa ningún cargo público", han informado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del partido.

El juez investiga contratos por valor de 355,5 millones de euros, de los que 324,7 millones correspondía a contratos para las diferentes construcciones del campus, que debían sustituir a 21 inmuebles que se ocupaban en la ciudad de Madrid. Se llegaron a pagar 91,7 millones de euros, aunque sólo se levantó un edificio: el Instituto de Medicina Legal, que tampoco puede utilizarse.

"Ningún cargo público"

Ante esa imputación, 'Génova' ha recordado que Alfredo Prada "no ocupa ningún cargo público". Por eso, se ha remitido a los Estatutos del PP que especifican que "hasta que no se haya dictado un auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción no se procederá a suspenderle provisionalmente de afiliación precisamente para garantizar todos sus derechos", han añadido las mismas fuentes.

Por lo tanto, el PP no actuará en este momento contra el exconsejero madrileño en virtud de esas normas internas del partido. Tras ganar Pablo Casado el congreso del PP en julio, en el que se impuso a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, designó a Prada presidente de la Oficina del Cargo Popular, un órgano encargado de velar por la idoneidad de los candidatos y cargos públicos de la formación.

Según informó el PP, las funciones de este órgano son supervisar el cumplimiento de todos los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP, y aprobar el formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio.

Además, esa oficina se encarga de gestionar los registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos; velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades; y dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías de cualquier anomalía o irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de sus funciones.

Prada fue uno de los padrinos políticos del actual presidente del PP, Pablo Casado, quien trabajó en su Departamento cuando estaba al frente de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid

Malversación y prevaricación

En un auto, De La Mata atiende así a la solicitud de la Fiscalía y cita para declarar como investigados, además de a Prada, al que fuera director general Técnico de la sociedad Isabelino Baños, el subdirector Técnico Mariano José Sanz Piñar y el director de Área Financiera Alicio de las Heras.

Los cuatro declararán el próximo 27 de marzo como investigados. Formaban parte de la mesa de contratación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid y tenían responsabilidades en "el desarrollo económico y la contratación" del proyecto.

Según el juez, que investiga delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y otros, "la sociedad Campus de la Justicia de Madrid no seguía ningún criterio de racionalidad económico-organizativo", y presentaba "un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal sumamente débil".

Además, todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados.

De La mata señala que el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo de 2018 concluye que la sociedad Campus de la Justicia de Madrid  "no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos" y que tampoco se cumplieron "los principios que deben presidir la contratación del sector público".

Irregularidades contables y de contratación

El juez de la Audiencia Nacional destaca que el informe pone de manifiesto, entre otros elementos, "la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de las cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, las deficiencias en la información remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería o del inmovilizado".

Por su parte, en el ámbito relativo a contratación y pagos, el informe de la Cámaras de Cuentas, afirma el magistrado, describe irregularidades consistentes en "defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados".

En cuanto a la contratación, el informe señala "la enorme dispersión de la documentación en 432 cajas y el desorden consiguiente que han provocado una gran incertidumbre acerca de los expedientes que realmente se tramitaron".

Irregularidades en la adjudicación

De la Mata destaca otra de las supuestas irregularidades que resalta el Informe de la Cámara de Cuentas en relación con el contrato de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007.

Según este, se encomendó la elaboración del informe de valoración de las ofertas para la adjudicación a una persona, Isabelino Baños, que había estado vinculada laboralmente a la empresa que resultó adjudicataria, al menos hasta el año 2004. Asimismo, esta persona formó parte de la Mesa de contratación y fue el encargado de supervisar la correcta ejecución del contrato, sin "procurar una garantía razonable de objetividad y transparencia en la licitación" ni "conflictos de intereses", afirma De la Mata.

El auto también hace referencia a otros gastos de CJM, como las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum cuyos desembolso asciende, al menos, a 15.647 euros y en los que se aprecia una falta de información y documentación básica sobre la cobertura de dichos movimientos. También se menciona que CJM abonó un máster por 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar.