El sistema de controles y contrapesos que existía en la Constitución de 1978, de la que ahora todo el mundo se hace padre para poco después apuñalarla, con la entrada del PSOE en el Gobierno —y eso que era el de Felipe Gonzalez— se comienza a desmantelar… Es lo que tiene la democracia con la izquierda. La Constitución opta, en el sistema de elección del órgano de política judicial, por el que favorece más la independencia judicial. Cuando los jueces son nombrados sobre la base de sus méritos, y por sus colegas, tienden a ser menos vulnerables a la presión externa, de lo que se colige que los cambios de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde la confirmación de Guerra del fallecimiento de Montesquieu, han supuesto el mangoneo de los políticos y la perturbación del sistema constitucionalmente construido. Todos los gobiernos, desde el hachazo de Gonzalez y su corifeo Guerra, han arrebujado, emponzoñado y puesto en cuestión la independencia judicial. Ninguno ha sido capaz de recuperar el sistema inicial.

Que la Justicia es independiente, en el día a día, puede ser un asunto a debatir, pues también se pone en cuestión, en la medida que se ha reducido la posibilidad de recursos procesales, haciendo que la mayoría de las decisiones queden en esferas inferiores y, muchas veces, demasiado próximas a las adherencias propias de la cercanía a los poderes de los caciques locales, pudiéndose comprobar en sentencias que sólo se comprenden cuando se observan los participantes. Que la independencia es más cuestionada en aquellos procesos que afectan a los políticos parece algo derivado del dato cruel y significativo de que el 83% de los casos que les afectan les son favorables, mientras que los que afectan a los “perritos sin alma” son muy inferiores al 60%. Lo que está pasando con el chalaneo en las designaciones del CGPJ resulta patético e indignante y demostrativo de que TODOS buscan lo mismo, su interés.

Propongo que el sistema cumpla, escrupulosamente, la Constitución y evite la cooptación política, de forma que a los ocho miembros elegibles constitucionalmente por el Congreso y el Senado les aplicaría un sistema de comprobación de los méritos profesionales de aquellos que fueren propuestos por el legislador que, una vez designados, serían examinados por el CGPJ vigente al momento de su designación y, de no superar el examen de los méritos por una mayoría cualificada, podrían ser rechazados, regresando al legislador que podría volver a proponerlos con una mayoría superior a la anterior, sin opción, por parte del Consejo, de segundo rechazo. Los restantes 12 miembros, que constitucionalmente se exigen, sean elegidos de entre jueces y magistrados, se realizaría por medio de una elección democrática, abierta y libre, a la que sólo podrían presentarse jueces y magistrados con más de 15 años de ejercicio profesional, sin ningún tipo de mácula en su expediente profesional, ante un colegio electoral compuesto por los jueces y magistrados compañeros de profesión, secretarios, fiscales, letrados y procuradores de la circunscripción en la que desempeñe sus funciones jurisdiccionales, de forma que el principio de igualdad y libre acceso se respetase en su integridad.

De este modo, se obtiene una representatividad y legitimidad derivada de su democrática elección, su mérito y positiva valoración por el campo profesional, impidiendo la actuación política y una representatividad por derivación, como sucede en el presente. Ahí va una propuesta, luego dirán que crispamos, que hacemos crítica destructiva, somos fascistas… pero la democracia se demuestra andando y no con pactos vergonzosos y vergonzantes.

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