Conocí a Cosidó siendo portavoz de Interior del Congreso por el PP. Durante los años que ocupó dicho cargo las relaciones fueron fluidas. Cuando fue nombrado director general de la Policía las cosas se torcieron y fueron de mal a peor. Tuvo el gesto de llamarme —era secretario general del sindicato mayoritario— para informarme de la Junta de Gobierno policial que iba a nombrar. Según me iba diciendo los nombres de la Junta le fui dando mi opinión sobre los aciertos y errores de la misma. No me equivoqué en la imposibilidad de crear un equipo de trabajo con  personalidades tan enfrentadas. Señalé como un acierto el nombramiento del responsable de Documentación, Pedro Polo, aunque le dije era el más capacitado para ser DAO. Cosidó y Pedro Polo no se conocían y los presenté en una comida de los tres en el Congreso de los Diputados estando Cosidó en la oposición. Dudé que acertara con los nombramiento de Eugenio Pino, DAO —recuerdo lo que dijo Cosidó de este nombramiento— y de Santiago Sánchez Aparicio, jefe de Formación —después comisario general de Policía Judicial—.

Me pareció un acierto —me dijo que era decisión suya cuestionada por otros mandos— el nombramiento como comisario general de Policía Judicial de Rodríguez Ulla. Lo cesó seis meses después, cuando comenzó a investigar la propiedad del ático de Marbella. En otra comida invitado por Cosidó, con una tercera persona que había sido cargo político importante en Interior al que hizo desplazarse desde Bruselas, Cosidó trató de “convencerme” de que no hiciera política. Le respondí que denunciar prácticas corruptas no era política sino una obligación ética como ciudadano, policía y sindicalista. Habíamos remitido escritos (el SUP de entonces) a distintos organismos y nota de prensa sobre el ático de Marbella, tras pronunciarse el ministro Fernández Díaz y Cosidó señalando que era una investigación ilegal —la justicia ratificó después que no—, y que expedientarían a los policías que habían investigado. Intención que me confirmó después el entonces comisario provincial de Málaga.

La fiscalía anticorrupción no aceptó nuestra denuncia del ático alegando que eran solo indicios y nos instó a seguir investigando —cosa que un sindicato no puede hacer—; con nuestros datos básicos más lo publicado por dos medios de comunicación presentamos la denuncia que sigue tramitándose hoy. Entre esa comida en junio de 2012 y mi relevo voluntario en la secretaria general —junio 2013— tuve tres expedientes y alguna querella del mando policial afín a Cosidó, que firmó todas las sanciones. Por difundir en rueda de prensa los papeles de UDEF, 45 días, más otros dos de 15 y 10 días fueron aplicados, y con posterioridad, 45 días por una de las querellas pactada con el querellante tras la inhibición en la defensa de la responsable del SUP, mi sustituta.

Por una condena —de falta, no delito— a 60€ multa por un escrito denuncia crítico contra el jefe de Formación Sánchez Aparicio, Cosidó aplicó arbitrariamente el régimen disciplinario contra mí imponiendo 10 días de suspensión; a un comisario de Canarias condenado por dos delitos —resistencia, daños, contra la seguridad vial, positivo alcohol, fuga policía local…—, en el mismo pleno del Consejo de Policía que se vio mi expediente lo sancionaron por hechos tan distintos a los míos con los mismos 10 días de sanción. ¿Venganza y aviso a navegantes? Cosidó quiso asistir al Congreso de mi despedida y no fue invitado. Presionó a la delegada del Gobierno, Cifuentes, y al secretario de Estado, Francisco Martínez, para que no acudieran. No le hicieron caso. Mi sustituta se retiró como acusación popular de la denuncia del ático de Marbella.

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