Casi un millón de familias se acogen al bono social eléctrico

Solo en el último mes se han registrado más de 172.000 nuevos usuarios, aunque el Gobierno estima en 4 millones los afectados por la pobreza energética

De los aproximadamente 4 millones de personas afectadas por la pobreza energética, casi 2,4 millones están recibiendo cobertura después de que el Gobierno haya llegado a rozar el millón de concesiones de familias solicitantes hasta este momento. Así lo ha explicado este viernes el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, que ha destacado que solo en último mes se han inscrito 172.000 nuevos usuarios.

A pesar del aumento de personas cubiertas, «quedan otros dos millones y el trabajo que tenemos por delante es grande», ha señalado Domínguez durante la inauguración de la jornada 'El reto de la pobreza energética: causas y propuestas' organizada por la Fundación Naturgy y la Universitat de Barcelona. «La pobreza energética no es una situación que esté resuelta», ha destacado al tiempo que ha valorado que desde la llegada del PSOE al Gobierno afrontar este problema ha sido «prioritario»: «Ya no se puede cortar la luz en España en una vivienda donde no hay capacidad económica o habitan menores», ha asegurado.

El pasado 5 de octubre, el Gobierno aprobó mediante un real decreto-ley un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad. El plazo para acogerse al bono social eléctrico para aquellos consumidores acogidos al antiguo, que con la anterior normativa expiraba el pasado mes de octubre, se amplió hasta el próximo 31 de diciembre.

Por su parte, el director general de la Fundación Naturgy, Martí Solá, ha explicado que la pobreza energética es «una manifestación de la pobreza en general» y ha considerado necesario el trabajo conjunto de empresas, administraciones y agentes sociales para mitigarla. Por ello, ha señalado la necesidad de eliminar las barreras burocráticas existentes en su gestión para que la productividad de los servicios sociales «sea más alta» y ha pedido la creación de un registro único de familias de clientes vulnerables.