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El ex número tres de Hacienda no descarta que el 1-O se financiara con dinero público

Preguntado por la fiscal directamente sobre si cree que si se gastó dinero público en el 1-O, Martínez Rico ha explicado que en enero de 2018 el Ministerio de Hacienda solicitó a los servicios jurídicos del Estado "que se personara en las causas abiertas en las que podía haber perjuicio a la hacienda pública estatal".

"Dentro del marco de control, el Ministerio puso todos los elementos a su disposición para ver cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad autónoma. Luego, lo que fuera la realidad material de los hechos…"

El testigo ha detallado que puse en conocimiento de la Fiscalía hasta tres casos en los que recibieron información "incompleta" e "inexacta". El primera en agosto de 2017 al recibir una modificación presupuestaria, el segundo a principios de septiembre ante la información recibida por una campaña publicitaria "para la participación en el proceso refrendario" -son los anuncios de las vías que se emitieron por TV3 con la emisión de dos facturas- y el tercero a finales de septiembre y principios de octubre por un expediente de gasto de Diplocat.

Un agente sostiene que se pagaron a "observadores" con dinero público

Uno de los guardias civiles que han declarado este martes en el juicio por su participación en los registros y detenciones del 20S ha explicado pormenorizadamente detalles de las investigaciones en las que él también participó para dilucidar si la Generalitat pagó con dinero público el referéndum del 1-O. Este agente se ha sostenido que Diplocat pagó a "observadores internacionales" con dinero proveniente de la Generalitat "sin ningún género de duda".

Este miembro del Instituto Armado también ha sostenido que fue exconseller de Presidencia Jordi Turull el que decidió junto al exsecretario de Difusión de la Generalitat Antoni Comins -al que ha identificado como el "tal Toni" del que han hablado en otras sesiones varios proveedores del 1-O- los que decidieron que fuera TV3 quien difundiera el anuncio de las vías en una campaña que ha definido "de pago" aunque sin que se llegaran a abonar las facturas que giró el medio de comunicación público.

La Generalitat recurrió así a la CCMA después de que dos empresas a las que se adjudicó inicialmente el expediente renunciaran a hacerse cargo de la campaña, según el testigo. Una campaña que inicialmente iba a tener un presupuesto cercano a tres millones que se iba a pagar con cargo al "fondo de contingencia" a propuesta de Turull "con el apoyo de Junqueras".

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