Dos altos cargos de la Generalitat niegan malversación el 1-O: «No se aprecia ningún perjuicio para el erario público»

• Declarara en el juicio el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat y la directora general de Contratación Pública
• La Consellería de Educación cifra en 248.000 euros los desperfectos en los colegios en los que hubo intervención policial

El director del Gabinete Jurídico niega la malversación: "No se aprecia ningún perjuicio para el erario público"

El director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve, y la directora general de Contratación Pública, Mercé Corretja, han negado este lunes en el juicio del 'procés' que existiera malversación por parte del Govern en la organización del referéndum del 1-O. "No se aprecia ningún perjuicio para el erario público", ha destacado el primero de ellos. "No he encontrado absolutamente nada", ha respondido la segunda cuando le han preguntado las defensas sobre si hay algún expediente administrativo relacionado con la consulta.

Nueve de los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo -todos menos la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart- están acusados de malversación por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox.

Al respecto, Francesc Esteve ha explicado que el pasado mes de enero recibieron una notificación del Tribunal de Cuentas tras la denuncia de la Fiscalía, pero que tras analizar todas las partidas no se ha apreciado ninguna "responsabilidad contable" de los entonces miembros del Govern ni ningún "perjuicio para el erario público".

En este sentido, por ejemplo, ha negado que existiera "ningún encargo formal específico" a Unipost para la impresión de las papeletas y las tarjetas censales. "No existe ninguna reserva de crédito, ninguna factura pendiente y por lo tanto ninguna afectación al presupuesto de la Generalitat", ha incidido. Cuando la fiscal Consuelo Madrigal le ha preguntado por las facturas proforma, Esteve ha señalado que estas se consideran como un "presupuesto".

Esteve ha informado también que, tras una revisión de oficio, se ha anulado el expediente por el que TV3 emitió el anuncio de las vías porque no siguió el procedimiento adecuado y por lo tanto las facturas que la televisión pública catalana aún reclamó el pasado mes de enero -y que la Generalitat se ha negado siempre a pagar alegando que entraba dentro del contrato marco de publicidad institucional- han quedado también anuladas.

En su informe al que ha tenido acceso Efe, la Comisión Jurídica de la Generalitat se posiciona a favor de la pretensión de la Consellería de Presidència, partidaria de declarar nulas de pleno derecho las dos facturas de 112.747 y 223.396 euros que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) giró a la Generalitat por los anuncios del 1-O, y que constituyen una de las pruebas sobre malversación en el juicio a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo.

Esteve ha asegurado también que el 20S el exconseller Jordi Turull le dio una "indicación muy clara" y es que era que "se facilitara la actuación judicial y policial en todos los departamentos objeto de registros".

"Materialmente imposible" realizar cualquier contrato

Por su parte, la directora general de Contratación Pública de la Generalitat desde 2016, Mercé Corretja, ha asegurado que ella no ha encontrado "absolutamente nada" referente a ningún expediente administrativo relacionado con el referéndum del 1-O y que ha realizado varias búsquedas porque ha tenido que responder en el Parlament varias preguntas sobre este particular. "No se ha encontrado absolutamente nada".

Corretja ha explicado también, según recoge Servimedia, que "era materialmente imposible, por falta de tiempo, realizar cualquier contrato entre el 6 de septiembre, en que se aprobó en el Parlament la ley del referéndum, y el 1 de octubre".

La secretaria general de la consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña, Nuria Cuenca, ya por la tarde ha cifrado en 248.000 euros los desperfectos ocasionados en los colegios electorales donde hubo intervención policial.