La banca, aliviada al conseguir que el Supremo reparta los gastos hipotecarios en litigio

El impacto de cada caso a los que se enfrenta reduce a 900 euros la factura, aunque la nueva ley les obligará a asumir casi todas las cargas

Una de las pesadillas que tuvieron las entidades financieras cuando el Tribunal Supremo deliberaba si establecía el carácter retroactivo del pago del impuesto de las hipotecas pasaba por tener que asumir el coste de la devolución de miles de millones de euros a sus clientes hipotecados. Finalmente, no fue así. Ahora, con el nuevo criterio del alto tribunal sobre la mesa, por el que reparte los gastos inherentes a la constitución de un préstamo sobre la vivienda -divide la factura de notaría y gestoría a partes iguales entre banco y cliente; la inscripción, para la entidad; y la cancelación, para el prestatario-, los bancos se han quitado un peso de encima ante el qeu ya venían preparándose en forma de provisiones.

Al dejar claro qué gasto hipotecario corresponde a cada parte, las entidades verán cómo los litigios judiciales a los que todavía tienen que enfrentarse, no derivarán en una responsabilidad total sobre sus espaldas. Posiblemente tendrán que asumir un gasto extraordinario para resarcir a quienes les han demandado, pero solo a la mitad. De hecho, las estimaciones de los analistas consideran que el reintegro que tendrán que afrontar las entidades afectadas por este nuevo conflicto hipotecario se situará, de media, entre los 800 y los 900 euros. Hay que tener en cuenta que, entre los gastos hipotecarios, la doctrina del Supremo aclaró que la liquidación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) corresponde al cliente, como fijaba la ley de los años 90, y no a la entidad financiera. Esta partida es la que más dinero supone de desembolso, al gravarse un 1% del valor hipotecario de la vivienda adquirida en cada momento.

A pesar de que la crisis de los gastos ya se ha resuelto para los miles de caso en instancias judiciales, la banca ha comenzado a asumir el pago del IADJ desde el pasado mes de noviembre. Así lo establece el decreto-ley aprobado por el Gobierno tras desempolvarse el conflicto de ese impuesto, que tuvo en vilo al sector y a los propios hipotecados, durante más de dos semanas. Por ahora, las entidades sostienen que no han subido los diferenciales de sus nuevos créditos, para hacer frente a ese coste extraordinario, aunque las estadísticas del Banco de España muestran cómo el interés medio de las nuevas operaciones ha pasado del 1,93% de octubre al 2,03% de diciembre. La banca sostiene que ese incremento se ha debido más a la subida del euríbor registrada en ese periodo que a un alza de sus diferenciales, aunque admiten que son menos flexibles al negociar las condiciones de sus hipotecas.

Además, el sector ya se prepara para otro cambio legal de calado que llegará con la aprobación definitiva de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, en tramitación en el Senado, y cuya validación llegará posiblemente en menos de dos meses. Ese texto, que transpone una directiva comunitaria, obligará a la banca a asumir todos los gastos de constitución de las hipotecas -registro, notaría, etc.- y solo el de la tasación corresponderá al cliente. El sector siempre ha mantenido que, una vez se fije ese criterio, lo acatarán, sin aclarar las consecuencias en términos de precios hipotecarios. Aunque se negaban a tener que devolver los importes que en su momento pagó el cliente, lo que les habría supuesto un agujero millonario.

Aún queda pendiente el conflicto del Índice de Referencia de Precios Hipotecarios (IRPH), una sentencia que resolverá este conflicto. Las estimaciones más pesimistas auguran un impacto de más de 4.000 millones de euros si la Justicia da la razón a los clientes si considera que sus bancos comercializaron de forma deficiente este índice.