Luz verde del Gobierno a la fórmula para calcular el rescate de las vías de peaje

El Consejo de Ministros aprueba los criterios para resolver la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), que en un principio reduce a 2.000 millones

La cuenta atrás para resarcir a las concesionarias y constructoras de las nueve autopistas de peaje asumidas por el Estado en 2018, una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago del país, ya se ha iniciado. El Consejo de Ministros aprobó este viernes el «acuerdo de interpretación del método para calcular» la responsabilidad patrimonial de las Administración (RPA), la fórmula con la que cuantificará su rescate.

En dicho documento, que ha sido asesorado por la Abogacía y el Consejo de Estado, no se concreta una cantidad porque esta saldrá de la finalización del expediente de cada vía de pago en cuestión. Son las radiales R-2, R-3, R-4 y R-5, que conectan Madrid con las principales autovías, la carretera de peaje M-12 a al aeropuerto de Barajas, la autopista AP-41 Madrid-Toledo, otros dos tramos de la Autopista del Mediterráneo AP-7 (circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera) y también la vía AP-36 entre Ocaña y La Roda.

El Tribunal de Cuentas estimó hace un año y medio el coste de todo el proceso en un máximo de 3.718 millones de euros aunque podría bajar, mientras que la patronal Seopan cifraba solo la RPA en 4.032 millones para añadir luego 1.000 millones por el coste las expropiaciones de terrenos y otros 625 millones por varios instrumentos financieros. El Gobierno, por su parte, estima que no superará los 2.000 millones según el Ministerio de Fomento. Y en el fallido proyecto de Presupuestos del Estado para 2019 se preveía una partida de 1.800 millones.

En esta tesitura, es probable que tras la resolución se inicie un nuevo proceso de recursos ante el Tribunal Supremo. De momento, el método aprobado incluye también cómo valorar las amortizaciones de las obras y la contabilización de intereses, así como «otras circunstancias especiales» como posibles convenios de aprovechamientos urbanísticos, o la «minoración» de los pagos a causa de las deudas que ya abonó Fomento tras resoluciones judiciales.