Hay más de 100 proposiciones que buscan modificar la iniciativa del Gobierno. 

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Silvia Constaín, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno de Iván Duque.

Se espera que este miércoles 22 de mayo se realice un nuevo debate en el Senado de la República para la aprobación del proyecto de modernización del sector TIC del Gobierno. 

La discusión vuelve al Congreso luego de que en diciembre se postergara el proceso tras críticas de algunos sectores, que exigían una mayor socialización. 

El debate está programado como segundo punto de la agenda. Sin embargo, el Congreso creará una subcomisión para estudiar cerca de 100 proposiciones, en su mayoría presentadas por el sector de la izquierda,  que buscan modificar algunos puntos de la iniciativa. 

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EL Ministerio de las TIC realizó varios cambios a la propuesta que se había presentado en 2018.  En primer lugar, inicialmente se planteó en el proyecto la creación de un regulador convergente para el sector, que quedaría en manos del Ministerio, en reemplazo de los tres organismos actuales: la Agencia Nacional del Espectro, la Agencia Nacional de Televisión (Antv) y la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC).

Tras las críticas por una posible concentración del poder en el Ejecutivo, el MinTIC propuso una modificación en este punto que consiste en crear una única entidad reguladora del sector, integrada por dos juntas independientes entre sí. La primera, denominada Sesión de Comisión, se encargaría de “promover la competencia en los mercados de las redes y los servicios de telecomunicaciones”. Estaría integrada por el Ministro TIC, un comisionado designado por el Presidente, un comisionado elegido por canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que hará el Departamento Administratico de la Función Pública.

La segunda, llamada Junta Nacional de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en los asuntos asociados a pluralismo informativo y defensa y derecho de los televidentes. La propuesta es que esta esté conformada por un miembro elegido por los operadores públicos regionales del servicio de televisión, un miembro del sector audiovisual mediante concurso público realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y un miembro de la sociedad civil elegido mediante concurso público, realizado por una universidad.

Frente a esto, Carolina Botero, de Fundación Karisma, señala que el cambio no es representativo pues en la composición del regulador no debe haber injerencia directa del Gobierno. “En esas condiciones no se puede hablar de un regulador convergente porque sigue habiendo presencia del Gobierno, tiene que haber formulas en las que se separe la función política de la reglamentaria”, señala.

Para el periodista Santiago Rivas, uno de los principales opositores del proyecto, “de lo que se puede ver hasta el momento no se ha solucionado el tema fundamental que es la autonomía de en los contenidos. Regular el gasto por la CRC y los contenidos por la Junta y al mismo tiempo dividirla no necesariamente soluciona los problemas de la ley. Es decir, dividir al regulador sin darle autonomía ni independizarla del gobierno, sino dejar las facultades en general en manos del Ministerio Tic no es válido porque es no solucionar el problema inicial de eso, que es la libertad de contenidos”.

El senador Antonio Luis Zabaraín, ponente del proyecto, señala , sin embargo, que en su opinión “los gobiernos siempre tienen que tener acento en todas las comisiones o juntas donde se regulan temas que tienen que ver con lo público”. “No se puede elegir a un presidente para saludar a la bandera sino para marcar unas políticas y unos procesos”, agregó.

Por otro lado, Botero señala que no se puede abordar la brecha digital si no se incluyen como actores a las redes comunitarias.

El Consejo Gremial Nacional, por su parte, hizo un llamado para que el proyecto sea aprobado al considerar que el proyecto pone a Colombia en vanguardia internacional en materia de regulación e institucionalidad y define reglas claras para que el país sea más atractivo para la inversión. «Su aprobación será una señal positiva para generar las herramientas y condiciones necesarias que permitan abrir el camino para la cuarta revolución industrial, teniendo en cuenta que Colombia tiene el primer centro en América Latina», dijo el Consejo en un comunicado. 

La ministra de las TIC, Sylvia Constaín, quien encabeza este proyecto ha destacado que con la nueva versión del proyecto «la esencia sigue siendo la de modernizar el sector para que haya mas inversión, para llegar a esas 20 millones de personas que no tienen conectividad, fortalecer los recursos para la radiodifusión y darle a Colombia las herramientas  que necesitan para que el sector sea innovador». 

Los otros cambios

Otro de los puntos importantes de la iniciativa tiene que ver con la asignación del espectro. Actualmente los permisos de uso son hasta por 10 años con opción de prórroga. El Gobierno había planteado en la primera propuesta ampliarlo a 30, sin embargo, la última modificación contempló una autorización de 20 años.

La creación de un Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es otro de los apartados claves estipulados en el proyecto. En la actualidad los recursos se destinan en dos fondos distintos: FonTIC y FonTV pero con la modificación al Fondo Único este contaría con los aportes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que, según el Gobierno permitiría entregar recursos con una mayor estabilidad que los devengados de la publicidad tradicional y simplificando los mecanismos de pago.

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