Según ministra de las TIC, proyecto de modernización del sector es vital para cerrar brecha digital.

Silvia Constaín, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno de Iván Duque.

Llevar internet a todos los colombianos y crear un entorno para el desarrollo digital y la innovación es la meta con la que el Ministerio de las TIC impulsa el proyecto de ley para la modernización del sector, que hace curso ante el Congreso.

Al buscar incentivar la inversión, el proyecto da respuesta a cuestionamientos que por años han hecho los principales actores de este sector en temas como la certidumbre jurídica, los plazos de los permisos para el uso del espectro, el regulador convergente y los cargos de interconexión y otros.

La ministra Sylvia Constaín se sentó a hablar con EL TIEMPO acerca de algunos cuestionamientos a la propuesta, en particular en lo concerniente a la televisión pública y al temor de una concentración de poderes en el Ejecutivo.

Bueno, ¿qué pasa si este proyecto no sale?

Pues, mire, pasa que Colombia sigue quedándose atrás; pero, más importante, que nuestros ciudadanos se siguen quedando atrás. Hay más de veinte millones de colombianos que hoy no tienen internet de banda ancha (…). Cosas que uno toma como normales son lujos que para otros ni siquiera están a su alcance. Si no cambiamos nada, vamos a demorarnos veinticinco años en cerrar la brecha digital.

¿Cuál es el sentido de urgencia de este proyecto?

Hay que usar el espectro. Nos debería dar, no sé si la palabra es vergüenza, pero sí una preocupación muy grande de tener quieto un activo, un bien público tan importante, en lugar de estar generando mejores condiciones de vida. Ese es nuestro sentido de urgencia. Con veinte millones de colombianos sin conectividad y ese espectro ahí, quieto.

Hay señalamientos de que es un proyecto a la medida, que beneficia al sector privado…

Realmente al que beneficia es al ciudadano, a la economía, a la posibilidad de mayor equidad, mayor empleo. Promover la inversión no es malo. Tener un marco jurídico estable, moderno, no es algo malo. Nosotros no tenemos 93 billones de pesos, necesitamos del sector privado para hacer estas inversiones. Este es un proyecto de ley para conectar a los que aún no tienen conectividad, pero también para los que ya la tenemos pero creemos que merecemos algo mejor, que no se nos debería caer la llamada, que deberíamos estar pagando menos, que debería haber mayor competencia…

Este es un proyecto de ley para conectar a los que aún no tienen conectividad, pero también para los que ya la tenemos pero creemos que merecemos algo mejor

Pero, igual, se plantea entregar el espectro por hasta treinta años sin pedir tanto como un peso a cambio…

Eso es absolutamente falso. Lo que se hace es una asignación de espectro –bien público– hasta por 30 años, pero eso depende de cuál es el proyecto de inversión, con criterios objetivos. En este momento es un criterio de recaudo. Lo que hace el proyecto es decir: Miremos el espectro como una herramienta de política pública, de cierre de brechas. (…) Nosotros tenemos conectividad en las cabeceras municipales, pero no hemos hecho esa inversión de última milla, que es la más cara, la más difícil, y que es la que llega al empresario agrícola, al puesto de salud, a la escuela…

No es lo mismo conectar a Chía que conectar al Amazonas, simplemente no lo es. Entonces, si yo tengo una propuesta ambiciosa en la que las inversiones no se recuperan en diez años, reconozcamos que tenemos la responsabilidad de llegar a todos los colombianos y extender hasta por treinta años, condicionado, dependiendo de cuál es el nivel de ambición del proyecto que a mí me está llegando.

Pero, 30 años… ¿No es este un plazo inusualmente largo?

No lo es. En Chile, la asignación es por treinta años. No es un drama, no es algo horrible, no se ha dañado la democracia… Muy por el contrario, ha logrado una conectividad que nosotros no hemos logrado y un nivel de competencia y de reducción de precios que nosotros no hemos logrado. Treinta años no es un tiempo muy largo si consideramos todo lo que nos falta por conectar (…). Lo importante es el impacto sobre la brecha digital. Nadie está regalando absolutamente nada.

De nuevo hay preocupación por el futuro de la televisión pública. Los críticos de la idea comparan este proyecto con lo que, dicen ellos, es la génesis de la crisis de la universidad pública, el atar los recursos al IPC.

La idea es que, como en el sector educación se fijó un monto que iba creciendo con el IPC y hoy hay crisis, por ende, aquí también habrá crisis porque se plantea que vaya creciendo con el IPC. Pero cuando se fijó esa base se fijó con un número de estudiantes, y ese número hoy es muy distinto. En nuestro sector, las estaciones no procrean, y por eso, la realidad es que nuestro proyecto es exactamente opuesto: si usted hubiera tenido la fórmula que plantea el proyecto de ley hace cuatro años, en cada año se hubiera recibido más en el fondo de ANTV de lo que se ha recibido hasta el momento.

Sabemos que las fuentes que alimentan hoy este fondo son fuentes que se van reduciendo. La pauta se está moviendo a lo digital, hay menos suscriptores a la televisión por cable.

Al final, lo que estamos diciendo es: somos un solo sector, y así se crea una certeza sobre lo que va a ser el fondo de aquí en adelante. Así como está el proyecto hoy, la televisión y la radiodifusión públicas no solo salen fortalecidas, sino con un sendero de certeza de fuentes de financiación y de montos de financiación que hoy sencillamente no tienen.

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¿No hay incongruencia cuando aquí se habla de modernización y en Presidencia se impulsa una reforma tributaria que revive cargas que ya no tenían ciertos servicios y ciertas tecnologías?

No, recordemos que la propuesta de reforma tributaria les quita los cuatro puntos de carga a los datos. Eso genera un incentivo increíble para el uso de datos, que hoy es mucho más importante que voz y mucho más importante para todo lo que genera valor: transferencia de contenidos, generación de aplicativos nuevos, emprendimiento, aprender… Ese es un mensaje muy claro en cuanto a la promoción del emprendimiento digital.

Adicionalmente, no es el único mecanismo. Somos parte de una política de reactivación económica, y usted sabe que el sector TIC tiene un factor multiplicador en el resto de la economía. Subir la penetración de banda ancha fija, subir la penetración de banda ancha móvil o multiplicar la velocidad de descarga. Esos tres factores tienen una incidencia importantísima en el producto interno bruto, es decir, en generación de riqueza, en llegar a una sociedad equitativa al darle a más gente más oportunidades.

Subir la penetración de banda ancha fija, subir la penetración de banda ancha móvil o multiplicar la velocidad de descarga. Esos tres factores tienen una incidencia importantísima en el PIB

Esto es parte del paquete de reactivación económica del Presidente, el proyecto de ley no vive en un vacío.

¿Por qué no se contempló en esta ley qué hacer con nuevas plataformas como Netflix o Amazon, que no encajan en el marco vigente y, por tanto, no tienen las mismas cargas que las empresas con las que llegan a competir?

Porque es que este no es un proyecto de ley para todo. Es un proyecto que genera un marco de promoción de la innovación, de la conectividad y de la inversión. Pero no podemos meter todo, no tiene sentido meter todo. Usted dice: ‘Estas nuevas plataformas’. Pero estas nuevas plataformas no son las que van a existir en tres, cuatro o cinco años… van a ser otras que ni usted y yo ni siquiera nos estamos imaginando.

Entonces, no tiene sentido dejar algo tan rígido en una ley. Lo que hay que dejar es el marco que promueve ese ecosistema que impulsa la innovación. Y con cada innovación probablemente nos vamos a tener que sentar, como lo estamos haciendo, a ver con cada sector cuál es el impacto de la plataforma y cómo la integramos en el sistema.

Se plantea que el Ministerio asigne el espectro y el Presidente nombre a los comisionados de un regulador convergente. ¿No le parece peligrosa la concentración de poderes?

Hoy en día, tanto Planeación Nacional como el Ministerio de las TIC se sientan en la junta de la CRC. Yo le pregunto: ¿qué es más independiente? ¿Una comisión con dos entidades del Estado en la junta? ¿O una comisión con reguladores nombrados, como en el Banco de la República, en la que los periodos de los comisionados son escalados de forma que ningún presidente podrá nombrar a más de dos?

Es una comisión técnica que separa la política pública de la regulación del sector. Esa separación es fundamental porque no permite que temas políticos se metan en la regulación pura. Esa es una tendencia mundial. Esa concentración realmente no existe.

Finalmente, ¿hay tiempo para sacar esto este año?
No hay forma de que nosotros podamos explicarles a veinte millones de colombianos que no hubo tiempo para sacarlo este año. ¿Usted cómo le explica a una persona que no tiene conectividad que no hubo tiempo? Estamos absolutamente comprometidos con sacar este proyecto lo antes posible. Este año es nuestra meta, es nuestro reto.

WILSON VEGA
EDITOR DE TECNÓSFERA

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