El proyecto 152 crea un regulador convergente para el espectro, la televisión, la radio e internet.
La propuesta de ley prevé extender el tiempo de licencias de renovación para el espectro radioeléctrico, pasando de 10 a 20 años.
Con el fin de incrementar la conectividad en el país y renovar la regulación del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el ministerio de esa cartera radicó en agosto el proyecto de ley 152 (PL152). En octubre, la ministra de las TIC, Sylvia Constaín, le solicitó al Congreso darle trámite de urgencia y debatirlo en dos sesiones, no en cuatro.
En medio de polémicas, la propuesta fue aprobada en primer debate el 5 de diciembre. Con algunas voces que exigen que se le dé mayor discusión, el proyecto tendrá esta semana su momento clave.
¿Qué propone?
El PL152 plantea “maximizar” el uso del espectro radioeléctrico al extender su concesión a los operadores (que actualmente es por 10 años) hasta por 20 años. También, reestructurar la inversión por medio de contribuciones a un fondo único, que estaría integrado por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV).
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Así mismo crearía un regulador convergente para el sector, que quedaría en manos del ministerio, en reemplazo de los tres organismos actuales: la Agencia Nacional del Espectro, la Agencia Nacional de Televisión y la Comisión Reguladora de Comunicaciones.
¿A quiénes involucra directamente?
La propuesta busca que los operadores de telefonía e internet móvil, servicios de telefonía e internet domiciliario y los canales de televisión pública y privada tengan una regulación actualizada con base en las nuevas demandas del sector, en términos de licencias, inversión, despliegue de infraestructura y desarrollo de tecnologías. Además, el Gobierno adquiere un rol más activo en funciones referentes a la regulación, promoción y concesión en lo que respecta a transformación digital.
¿Cuáles son los argumentos a favor?
La ministra Constaín ha enmarcado la motivación del proyecto en una deuda de conectividad con una enorme población. Según ella, “hay más de veinte millones de colombianos que hoy no tienen internet de banda ancha. (…) Si no cambiamos nada, vamos a demorarnos veinticinco años en cerrar la brecha digital”.
Para Alberto Samuel Yohai, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), “la propuesta generará mayor seguridad jurídica entre los jugadores convergentes digitales, lo cual podría atraer más inversión al país”.
Por su parte, la Asociación de operadores de tecnologías de información y comunicaciones de Colombia (Asotic) ve la unificación del fondo como una oportunidad para la inversión. “El fondo único permitirá dotar a la televisión pública de recursos con los que hoy no cuenta, como ingresos por subasta de espectro radioeléctrico, conexiones de ‘backhaul’ (enlaces punto a punto), y recursos de multiplicadores generados en las inversiones realizadas por los servicios de 4G y 5G”, afirmó.
¿Y en contra?
La urgencia con la que se ha llevado a las plenarias ha sido uno de los asuntos más críticos. “Un proyecto que no se discute rigurosamente y no tiene la voz ciudadana es un proyecto que probablemente sea inconveniente, carezca de legitimidad y debilite la democracia deliberativa”, expresó el senador Antanas Mockus en una carta pública para el ministerio.
Por otra parte, el regulador convergente, que se encargaría de lo relacionado con la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio, también ha generado inquietudes sobre una posible concentración del poder, pues las sanciones al sector TIC quedarían exclusivamente bajo la sombrilla del ministerio.
Carolina Botero, de la Fundación Karisma, organización sin ánimo de lucro que vela por los derechos humanos en la tecnología, resalta que con esto “no se genera una reflexión sobre si el ministerio puede ser vigilado y vigilar y no lo explican frente a los estándares internacionales. Eso significa poder del Gobierno”.
Así mismo, algunos ven con desconfianza que una ley de modernización no mencione a Netflix, Amazon ni otros nuevos actores en el sector. Para el periodista Ómar Rincón, el proyecto “no habla de convergencia digital como ellos la venden, nunca meten a otras empresas como Facebook, Netflix, Google o Apple por ejemplo, que son los proveedores de contenido del futuro y que ya están haciendo provisión de contenidos. Es una convergencia de medios viejos, entonces está mal fundamentada en ese sentido”.
¿Cuál es el tema de la televisión pública?
Parte importante de los cuestionamientos que enfrenta el proyecto de ley surge de quienes creen que beneficia al sector privado y amenaza la independencia y financiamiento de los contenidos públicos. El fondo único, alegan, terminaría por favorecer a unos actores más que a otros.
“¿Qué papel cumple la televisión privada? Ellos quieren pagar menos plata. Si ganan menos, pagan menos, porque no hay una cuota fija sino un porcentaje. Un porcentaje que a nosotros nos parece justo y que es una pequeña parte del capital que ellos tienen y que sirve para que la televisión pública pueda seguir siendo una alternativa, complementaria a las otras que existen”, manifestó el presentador de ‘Los puros criollos’, Santiago Rivas, en charla con EL TIEMPO.
¿Qué se determinó en el primer debate?
La propuesta inicial, presentada en agosto, contemplaba renovar el término de operación para los operadores privados para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. Pero el 5 de diciembre, cuando el proyecto de ley fue aprobado en primer debate ante las comisiones sextas de Senado y Cámara, se definió que el plazo será de 20 años.
En ese debate, la idea de unificar un fondo se mantuvo, pero se estableció lo siguiente: los operadores privados de televisión podrán optar por pagar $ 128.000 millones y 1,5 % (al fondo de TV) de la facturación por una concesión de operación según se establece hoy, o sustituir los dos rubros anteriores por un pago de 2,2 % de la facturación al nuevo fondo único.
Originalmente, el proyecto planteaba disponer cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública, y uno en representación de los canales públicos de televisión. Tras la votación, cambió la composición así: un representante de los canales regionales, un representante del Presidente, dos personas escogidas por convocatoria pública y el ministro TIC.
¿Cuál es el sentido de urgencia de este proyecto?
En entrevista con EL TIEMPO, la ministra Sylvia Constaín declaró que la razón por la que el proyecto se debate en dos sesiones, en vez de cuatro, es la necesidad de comenzar a aprovechar grandes porciones del espectro que no han sido asignadas. “Nos debería dar, no sé si la palabra es vergüenza, pero sí una preocupación muy grande tener quieto un activo, un bien público tan importante, en lugar de estar generando mejores condiciones de vida”, resaltó.
Pero críticos como el periodista Daniel Coronell ven con recelo ese afán. “El Gobierno se ha propuesto sacar esto a toda marcha, ‘ferrocarrilearlo’, tratando de armar mayorías sin considerar la visión de todos los sectores implicados en una decisión tan importante como esta”.
MARÍA PAULINA ARANGO
Redacción Tecnología
En Twitter: @Mariapaulinaar
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