• Los sesgos electorales motivan que el PP pida a Vox que no se presente en media España
  • La explicación está en la fragmentación del voto de derecha en las provincias pequeñas

Pablo Casado cocina junto al chef Iván Acedo en el resturante Aura, en Zaragoza.

PP

Hace semanas que el Partido Popular tiene marcadas en el mapa casi una treintena de provincias clave para amarrar escaños, pero ahora el rival directo por el voto del centro-derecha no es únicamente Ciudadanos, sino Vox, y el mensaje del líder, Pablo Casado, es inequívoco: los votos que no se queden en el PP podrían beneficiar no ya a sus competidores, sino al bloque rival: al PSOE, a Podemos e incluso a Bildu y los independentistas.

Mostramos cómo funciona la ley D'hont en el reparto de escaños

Así funciona la ley D'hont en el reparto de escaños

En la práctica, es como si las elecciones generales se celebraran en tres Españas diferentes:

1) La de las circunscripciones pequeñas, las que otorgan cinco o menos escaños, que -y no es casualidad, sino un propósito buscado por los constituyentes al construir el sistema democrático en la Transición- además se corresponde con una España demográficamente más rural  e históricamente más conservadora.

Son 28 provincias. La mayoría de estas provincias se encuentran en las dos Castillas y Aragón y se las reparten casi en exclusiva PP y PSOE. Con cuatro partidos nacionales en liza en 2016 -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-, 12 de ellas siguieron siendo bipartidistas, y de hecho, cinco de ellas, Palencia, Cáceres, Cuenca, Ciudad Real y Teruel, han repartido sus escaños en exclusiva a estos dos partidos en todos los comicios celebrados desde 1977.

En algunas de las siete provincias que reparten cinco escaños, como Valladolid, Castellón y Cantabria, Ciudadanos logró representación en 2016, que le costaron unos 50.000 votos, en torno al 15% de los sufragios emitidos.

2) La de las circunscripciones medianas, de seis a nueve escaños. En estos casos, los terceros partidos con implantación nacional no son tan castigados. En ellas, el listón de apoyos para lograr asiento en el Congreso es más bajo y Cs, Podemos y Vox pelearán con fuerza para hacerse con un acta en el Parlamento.

3) La España de las circunscripciones grandes, de diez o más escaños, donde sí se manifiesta en la práctica una mayor proporcionalidad a medida que crece el número de diputados que reparten, y donde no se manifiestan del mismo modo los posibles efectos de sobrerrepresentación o infrarrepresentación que sufren os partidos alternativos.

¿Es cierto que votar a Vox podría beneficiar a la izquierda?

Sí, por los efectos de la ley D'Hondt en la primera las 'Españas electorales' citadas más arriba.

Cuanto más pequeño es el número de escaños a repartir, menos proporcional resulta el reparto de votos. En las provincias de tres, cuatro o cinco escaños, Vox puede arrebatar suficientes votos al PP como para complicarle obtener un segundo escaño pero no tantos como para alcanzar ellos su propio diputado. Al final, el diputado en liza podría acabar, en efecto, en manos de uno de los partidos de la izquierda, o en las provincias con partidos independentistas, en uno de estos.

La realidad es que el voto a Vox funcionará mejor en la 'España de las circunscripciones grandes'. Es el mismo mal que aquejó a Izquierda Unida durante décadas por su implantación territorial relativamente baja, el que sufrió Ciudadanos en 2016, y el mismo efecto del que se benefician los partidos nacionalistas, con menor número de votos pero mayor concentración en sus regiones, lo que les permite tener un mejor rendimiento en término de votos y escaños.

De aquí surge también el incentivo de algunas formaciones de formar coaliciones para poder ser más competitivos, como la firmada esta semana en Navarra por UPN con PP y Ciudadanos, Navarra Suma, para presentarse juntos en esta comunidad en las elecciones de abril y mayo. 

¿Cómo se podrían corregir estos efectos?

La respuesta es tan clara como compleja: una reforma electoral. Un sistema electoral consta de tres elementos básicos: el número total de diputados, el reparto de estos en circunscripciones y la fórmula electoral, y cambiar uno de ellos o todos supondría una drástica transformación de las reglas del juego político y del comportamiento de los jugadores.

De estos elementos, solo el segundo -la circunscripción española es la provincia- está fijado en la Constitución, y requeriría una reforma de esta para transformarlo y que la circunscripción pasara a ser única, como en las elecciones europeas, o la comunidad autónoma.

Pero sin un consenso amplio para la reforma de la Constitución, de modo que se fijara un sistema que no beneficiara solo a una de las partes, ello no sería posible ni conveniente, y se entraría en otro debate político de fondo: el mayor peso de las provincias pequeñas se defiende por la necesidad de dar voz a la "España vaciada". "En la práctica no sirve para promocionar su desarrollo", objeta Francesc Pallarés. "Si se quiere instalar un depósito de residuos en Soria o en Lérida, aunque tengan dos, tres o cuatro escaños de prima se lo van a poner igual, porque el resto de diputados van a votar ponerlo allí". 

Sin necesidad de una reforma constitucional, se pueden modificar los otros dos elementos. La legislación permite tener hasta 400 diputados en el Congreso -en la actualidad son 350-, y cuantos más se eligieran más proporcionalidad se conseguiría en conjunto. Sin embargo, esta medida no goza de popularidad y no es la preferida por quienes propugnan una actualización del sistema.

El cambio en la fórmula electoral aparece como la reforma más sencilla, con la llamada fórmula de Saint-Lägue como la favorita para sustituir a la ley D'Hondt, porque afina la proporcionalidad en las circunscripciones pequeñas y medianas, de modo que el porcentaje de escaños esté más parejo al de los votos. Bastaría con una mayoría absoluta para reformar la Ley Orgánica que regula el sistema electoral (LOREG), y reduciría los argumentos a favor del sempiterno "voto útil".

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