- Los abogados piden a los magistrados que "hagan de jueces y no de salvadores de la patria" en las cuestiones previas
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La mayoría de acusados se giran para saludar al president Torra EFE
Sobre las pruebas rechazadas por el Tribunal Supremo, el letrado ha reclamado que el Supremo reconsidere la presencia de observadores internacionales ya que estos, argumenta, "son voz autorizada y son parte del análisis del respeto de derechos humanos". También ha pedido que se acepte como testigo al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, por el mensaje de Whatsapp en el que alardeó de que controlarían la Sala Segunda del Supremo "desde detrás" si el magistrado Manuel Marchena, que preside el tribunal, era nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial como pactó el Gobierno con el Partido Popular en noviembre.
El segundo en intervenir ha sido el abogado del exconseller del Interior Joaquim Forn, Javier Melero, que ha pedido que se acumule la causa a la abierta en la Audiencia Nacional contra la excúpula de los Mossos para evitar la "indefensión" de su cliente y que declare como testigo el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido. A diferencia del primer letrado ha subrayado que "es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa o una alcoholemia".
La defensa de Sànchez: "Hagan de jueces, no de salvadores de la patria"
El abogado que más se ha detenido en el argumento de la supuesta falta de "imparcialidad" del tribunal ha sido el letrado Jordi Pina, que lleva la defensa del expresidente de la ANC Jordi Sánchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull y que ha pedido a los siete magistrados que integran la Sala Penal que "hagan de jueces, no de salvadores de la patria".
Pina ha censurado que el instructor del Supremo, Pablo Llarena, incluyera en dos autos la expresión "la estrategia que sufrimos" en primera persona; que cuatro de los magistrados del tribunal que juzga el 'procés' formaran parte de la Sala que admitió a trámite la querella de la Fiscalía; o que el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, en una carta privada dijera al juez instructor de Barcelona que había "cambiado el rumbo de la historia de España".
También ha cuestionado que Marchena presida el tribunal aunque este defendiera su imparcialidad cuando renunció a presidir el CGPJ. Puede que lo sea, ha señalado Pina, pero "objetivamente hay una apariencia de falta de imparcialidad". "Quizá el señor Cosidó se lo inventó, pero Europa nos dice siempre que las apariencias son muy importantes", ha añadido para recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España en noviembre por no haber garantizado un juicio "imparcial" a Arnaldo Otegi.
Arranca el juicio del 'procés'
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El Tribunal Supremo inicia hoy el juicio al 'procés'
12.02.2019
Un grupo de manifestantes forma la palabra ‘Freedom’ (libertad en inglés) en la protesta contra el juicio del ‘procés’ en plaza Catalunya.
REUTERS
Albert Gea -
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12.02.2019
Carteles con el lema «Libertad presos políticos» que han podidio verse en la manifestación en Cataluña por el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo.
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El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, durante la concentración contra el juicio del "procés" en Barcelona.
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El Tribunal Supremo inicia este martes el juicio del 'procés'
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Jordi Pina ha pedido también que sus defendidos puedan declarar en catalán con traducción simultánea en lugar de consecutiva -aunque sobre este aspecto el Supremo no se ha pronunciado, según Efe- y ha demandado que se acepte la declaración como testigo del rey Felipe VI y del expresidente del Govern Carles Puigdemont, ambas pruebas testificales rechazadas por el Supremo. Por su parte, la abogada Ana Bernaola, que lleva la defensa de Turull, ha pedido la suspensión del juicio alegando que los acusados no han tenido acceso a toda la prueba mientras que el exconseller Francesc Homs, que ejerce de abogado asistente, se ha remito al escrito de defensa.
La defensa de Cuixart: se "criminalizan" las protestas "pacíficas"
El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha pedido al Supremo que "depure" los escritos de acusación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox (acusación popular) porque a su juicio "criminalizan" derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho de reunión, ejercidos por su defendido con "manifestaciones pacíficas". Si no se retiran estas partes de las acusaciones, argumenta, se corre el riesgo de que el juicio se convierta en un proceso "sobre" o "contra" estos derechos fundamentales.
En este sentido, Salellas ha subrayado que este proceso penal "se opone a la esencia propia del Estado de Derecho" y es una "derrota colectiva de la sociedad española". Por este motivo, ha añadido, "no debe empezar" en los términos que está formulado. Si lo hace, el sistema de derechos entrará en "un universo de consecuencias irreparables y desconocidas", ha concluido.
La abogada de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha cuestionado en su intervención que su defendida sea juzgada en el Tribunal Supremo cuando el resto de la Mesa de la Cámara autonómica lo será en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Si los hechos son los mismos, se la está juzgando [aquí] por ser quien es", ha señalado. La letrada cree, además, que se ha vulnerado la inviolabilidad parlamentaria, la presunción de inocencia de su defendida y el derecho de igualdad respecto a otros procesados huidos al haberse suspendido las euroórdenes que había contra ellos.
El abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, ha negado las acusaciones de rebelión y malversación. "Rebelión es lo que dicta la sentencia del 23-F y la Operación Galaxia (…) y no manifestarse o concentrarse en contra del sistema constitucional", ha destacado en su intervención en la que también ha negado que se usara dinero público para organizar la consulta. Bergés ha criticado, además, que se vulnerara el derecho a la libertad de su defendida con la prisión provisional.
Los últimos en intervenir en esta primera jornada del juicio han sido los abogados defensores de los tres exconsellers que están acusados de malversación y desobediencia, pero no de rebelión ni sedición. La letrada de Meritxell Borràs, Judit Gené, ha pedido la inclusión del sumario de la causa que se instruye en Barcelona y ha censurado que Vox se haya "extralimitado" al pedir para ella cárcel por organización criminal. El letrado de Carles Mundó, Josep Riba, se ha lamentado también de que no se conozca la "globalidad" de lo que se ha instruido en Barcelona. Por último, el abogado de Santi Vila, Pablo Molins, ha destacado que su defendido no tenía condición de diputado del Parlament y que dimitió antes de la declaración unilateral de independencia alegando precisamente que no estaba de acuerdo.
La petición de penas para cada uno de los doce acusados
Las mayores peticiones de penas son para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament y de la Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, el sucesor de esta última al frente de la ANC, Jordi Sánchez, y el actual presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, como "promotores" de los presuntos delitos.
- La Fiscalía pide 25 años de prisión por rebelión con distracción de caudales públicos para Junqueras y 17 por rebelión para Forcadell, Sánchez y Cuixart. La Abogacía pide 12 para el exvicepresidente por sedición y malversación; y 10 para Forcadell y 8 para Sánchez y Cuixart por sedición. Vox reclama 74 para Junqueras por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación y 62 para los otros tres. Los cuatro están en prisión preventiva.
- Los cinco exconsellers que también están en la cárcel -Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa– forman un segundo grupo de acusados. La Fiscalía pide para ellos 16 años de cárcel por rebelión con distracción ilegal de fondos públicos; la Abogacía, 11 años por sedición y malversación; y Vox 74 años por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.
- Por último, se sientan en el banquillo otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila– para los que la Fiscalía y la Abogacía piden 7 años y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia grave. Vox eleva la petición a 24 años al añadir el delito de organización criminal.
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