Las defensas se quejan de que Marchena «suplante» a la acusación al preguntar a Trapero por su reunión con el Govern

• El presidente del tribunal preguntó después de vetar que lo hiciera la Fiscalía porque Vox no había interrogado previamente
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El mayor de los Mossos durante el 1-O, el mayor Josep Lluís Trapero

EFE/Juan Carlos Hidalgo

El abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha presentado una queja por escrito ante el Tribunal Supremo para censurar que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, "suplantara" este jueves a las acusaciones al preguntar al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por la reunión que los mandos mantuvieron con el expresidente Carles Puigdemont, el propio Junqueras y el exconseller Joaquim Form el 28 de septiembre de 2017 para intentar disuadirles de que siguieran adelante con el referéndum ante el riesgo de "conflictos graves", según el escrito al que ha tenido acceso TVE.

Marchena tomó esta decisión al final del interrogatorio para "depurar los hechos" esgrimiendo para ello el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal después de que no permitiera que la Fiscalía preguntar por esta reunión recordando que las partes que no han pedido la declaración de un testigo -como era el caso del Ministerio Público con Trapero- no pueden interrogar a este por hechos que ha obviado la defensa o la acusación que sí ha pedido la testifical.

El presidente de la Sala salvó así el inexplicable olvido del letrado de Vox, que ejerce la acusación popular y que sí había pedido la comparecencia como testigo del mayor, de preguntar por estos dos encuentros con el Govern después de en los últimos días otros dos testigos -el exjefe de Inteligencia Manuel Castellví y el exjefe de Planificación Emili Quevedo- declararan que hasta en dos reuniones -el 26 y el 28 de septiembre- Trapero advirtió sin éxito del riesgo que suponía seguir adelante con la consulta ilegal.

Según la queja formal, el abogado de Junqueras y Romeva defiende que el tribunal "debe restringir su intervención de oficio a la solicitud de aclaraciones relacionadas con los concretos hechos aparecidos durante los interrogatorios" con el objetivo de "preservar la debida imparcialidad" y "evitar la suplantación de la iniciativa acusatoria (…) cosa que, respetuosamente, entendemos que habría acaecido en la sesión del día de hoy [14 de marzo] durante el interrogatorio del testigo Sr Trapero mediante la formulación de una pregunta anteriormente vetada a la Fiscalía y, por lo tanto, claramente de cargo".

Por el contrario, este letrado sí entiende que las defensas sí deben poder hacer todas aquellas preguntas que "pueden influir en el fallo" aunque sea sobre aspectos que no hayan abordado las acusaciones para "proteger el derecho a la defensa en el proceso penal". En el interrogatorio del presidente del Parlament, Roger Torrent, por ejemplo, las defensas se quejaron de no poder preguntarle por la manifestación del 20S en la que estuvo presente porque las acusaciones no lo habían hecho.

Una declaración clave de Trapero

La incomodidad de las defensas fue patente este jueves cuando Marchena se sacó el as de la manga de preguntar él mismo después de que creyeran conjurado el riesgo de que Trapero diera más detalles de estas reuniones, claves para la Fiscalía para apuntalar su acusación de rebelión. Tenían razones para pensarlo. Minutos antes, el propio magistrado había reconvenido al fiscal Javier Zaragoza por intentar preguntar de diversas formas por esos encuentros. "Por más habilidad con la que interrogue al testigo y por más disposición que tenga el testigo para responder (…) no puede preguntar por la reunión", le espetó Marchena.

Trapero confirma que alertaron a Puigdemont del riesgo de "conflictos graves" de orden público y seguridad

Pero Marchena le preguntó finalmente y Trapero respondió con todo lujo de detalle. Tras explicar que en la primera reunión del 26 de septiembre instaron a Puigdemont y Forn a cumplir la legalidad pero que no salieron "especialmente satisfechos", relató lo ocurrido en la del día 28. En ella trasladaron al Govern su "preocupación" por los "conflictos graves de orden público y seguridad ciudadana" que necesariamente se iban a ocasionar el 1 de octubre con dos millones de personas en la calle y "15.000 policías actuando".

Les emplazaron, además, al "cumplimiento de la legalidad", siempre según su testimonio. "De las órdenes judiciales les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocaran con nosotros (…) Que el Cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista", añadió.

Según informa Efe, todas las defensas se han coordinado además para presentar quejas en las que denuncian las "restricciones" a sus interrogatorios y cuestionan que se limite la exhibición de vídeos como prueba. Hacen hincapié en que la "prueba videográfica" es necesaria para confrontar las declaraciones de testigos en el juicio, en el que la semana que viene comienzan a comparecer varios de los guardias civiles citados. Anuncian que van a solicitar que se proyecten los vídeos cuando el testigo deba reconocerse en alguna filmación o cuando declare hechos incompatibles o divergentes con lo que está recogido en las grabaciones.