• La citación se produce después de que lo solicitase la Fiscalía para "depurar responsabilidades penales"
  • También tendrá que declarar el empresario que efectuó el pozo, pero en calidad de testigo

Aspecto de la zona de Totalán (Málaga) donde un niño murió tras caer a un pozo, después de los trabajos para rescatarlo.

EFE/Álvaro Cabrera

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha citado para el 22 de febrero en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente a David Serrano Alcaide, dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde está el pozo en el que cayó y murió el niño de 2 años Julen, el pasado 13 de enero.

Esta citación se produce después de que la Fiscalía haya pedido que se le citara como investigado al entender que ya se podían hacer varias hipótesis de los momentos previos de la fatal caída del pequeño, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.

El ministerio público entendía que tras el estudio de toda la documentación y atestados de la Guardia Civil era el momento de "depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales de las personas intervinientes".

La magistrada ha citado en primer lugar al propietario de la finca y, posteriormente, tomará declaración a un total de doce personas más, todas ellas en calidad de testigos.

El pocero declarará como testigo

La instructora considera que el empresario que perforó el pozo, Antonio Sánchez, tiene que declarar en calidad de testigo, al igual que los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, cuatro guardias civiles y los tres senderistas que llegaron al lugar a auxiliar a los padres del niño, entre otros.

Además está previsto que comparezcan también como testigo la pareja del dueño de la finca, que es prima del padre de Julen, y el operario que hizo la zanja junto al talud que limita el pozo, un trabajo posterior a la perforación del orificio en el que cayó el pequeño.

Orden de las declaraciones

El primero en declarar será David Serrano Alcaide, el día 22 a las 11 horas, y le seguirán los padres de Julen, el 25 a las 11:00; la pareja de David, el 25 a las 11:30; los senderistas, el 27 desde las 10:30; el pocero, el operario que hizo la zanja y un tercero, el 12 de marzo desde las 11:00, y los guardias civiles, el 13 de marzo

Todas estas citaciones se producen después de que la Fiscalía lo haya solicitado esta semana a la magistrada instructora tras estudiar el ministerio público las diligencias de investigación aportadas por la Guardia Civil.

El Ministerio Público ha justificado su petición para que comparezcan doce personas en las diligencias de investigación aportadas por la Guardia Civil, entre las que se encuentra la pareja del dueño de la finca, que es prima del padre de Julen.

"Sorprendente e indignante"

Por su parte, el abogado del dueño de la finca, Antonio Flores, ha asegurado a Efe que le parece "sorprendente e indignante" que llamen a su cliente en calidad de investigado y no a la persona que hizo la perforación.

Flores ha calificado de "insólito" que la persona que hizo el pozo y generó el riesgo al no sellarlo convenientemente no sea citado en calidad de investigado y sí a su cliente que solo "encomendó un trabajo a un profesional".

Este letrado ha insistido en que su cliente tapó el agujero con dos bloques de hormigón y que el día en que cayó Julen al pozo había advertido a las personas que le acompañaban de la existencia del sondeo, aunque nunca pensó que podía caer un niño por ahí.

Por su parte, el empresario que ejecutó el sondeo siempre ha mantenido que hizo su trabajo bien y que taponó la boca del pozo con una piedra, versión que tiene previsto reiterar en sede judicial.

Investigación

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga abrió unas diligencias primero por la desaparición del niño, en el que se han ido incorporando informes con el fin conocer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.

El primero de los informes incorporado al procedimiento, el 17 de enero, días antes de que fuera localizado el niño, fue del Seprona de la Guardia Civil en el que se detallaban las gestiones realizadas hasta ese momento, incluyendo estudios urbanísticos de la zona.

En dicho informe se indicaban las posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, las "nulas" medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona realizados con posterioridad al pozo; así como las declaraciones testificales del que hizo la prospección y del dueño de la finca, en las que aparecerían "contradicciones".

Cerca de 300 personas participaron en el operativo de rescate de Julen, un dispositivo complicado, que se prolongó durante 13 días, por las dimensiones de la prospección, de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad, que impedía el acceso de un adulto para llegar al punto donde se encontraba.

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