- Le acusaron de tener "vínculos" con el PP tras los mensajes de Cosidó
- La fiscales creen que no hay "sombra de culpa" en Marchena para recusarle
Fotografía de archivo, tomada el 17/9/2018, del hasta ahora presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
EFE
Rodrigo Jiménez
La Fiscalía se ha opuesto a apartar al magistrado Manuel Marchena del tribunal que enjuiciará el caso del "procés", como pedían varios encausados, que le acusaron de tener "vínculos" con el PP tras la publicación de los mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
La Fiscalía considera que no hay "sombra de culpa" en el juez Manuel Marchena en relación al acuerdo, ya roto, PP-PSOE, que le eligió candidato a presidir el CGPJ, un cargo que él mismo rechazó. Además, el ministerio público cree que no hay datos sólidos que proyecten ninguna sospecha sobre su independencia.
En un informe firmado por dos de los fiscales del caso, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, la Fiscalía solicita que las recusaciones se inadmitan de plano o, en caso de tramitarse, se desestimen.
"Nada puede ser reprochado al comportamiento del juez cuya recusación se promueve", asegura la Fiscalía.
Fue a raíz de la filtración cuando el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, plantearon las recusaciones de Marchena alegando supuestos vínculos con el PP.
Pero la Fiscalía, que admite que "las apariencias son importantes", cree que en este caso "no existe el menor elemento corroboratorio de que las infundadas sospechas (sobre Marchena) estén legítimamente justificadas".
WhatsApp de Cosidó
Según el informe, el mensaje de Cosidó, en el que supuestamente hablaba de que el acuerdo permitiría controlar "desde detrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo, hace referencia a "expectativas expresadas por terceros con el objetivo de 'convencer' a senadores reticentes".
Pero dicho mensaje no ha podido vincularse "a palabras u obras" de Marchena de modo que no "desvirtúa" su independencia y además no puede considerarse "acreditativo del interés" del juez en "un resultado concreto del proceso".
Además, "ni siquiera existe constancia y prueba sobre la veracidad o autenticidad del objeto del comentario" ya que "se trataba de explicar en el ámbito de un partido político el contexto que había justificado la elección anticipada de los miembros del CGPJ".
Más allá de esa opinión, dice la Fiscalía, "no existe dato alguno" para atribuir al PP "ni petición de penas ni ningún interés en la causa".
Es más, para los fiscales, es precisamente la "digna y generosa renuncia al más alto cargo judicial que se le proponía" lo que evidencia "un absoluto distanciamiento con la vinculación que se le pretende atribuir, y una personal implicación en la defensa de la independencia judicial".
Y señalan que "no cabe un gesto de mayor desvinculación con las afinidades políticas que se 'sospechan'".
"Parco en argumentos"
La Fiscalía considera que el escrito de las defensas, de 22 páginas y difundido este lunes, es "extremadamente parco en argumentos" y que no contiene "ningún dato objetivo" que permita fundar "alguna sospecha" sobre Marchena, sino más bien "puras y gratuitas especulaciones" sobre un magistrado.
Recuerda que no se pueden atribuir a Marchena "de forma especulativa" ideas políticas que "él mismo nunca ha expresado" pero, aún en el caso de que tuviese otra vinculación con el PP, su imparcialidad solo se vería comprometida al juzgar causas en las que el partido estuviese involucrado.
Una vez el instructor de los expedientes de recusación recopile los escritos de la Fiscalía y del resto de partes, este puede rechazarlo de plano o enviarlo a la denominada Sala del 61, que ya rechazó una anterior recusación de Marchena.
Los líderes soberanistas solicitaron que se apartase al magistrado después de que se filtrase un mensaje de whatsapp que Cosidó envió al resto de senadores afirmando que designar a Marchena como presidente del Tribunal Supremo les permitiría controlar la Sala Segunda desde atrás.
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