• El ministro Marlaska lo califica como "medio cruento" y promete reforzar la seguridad
  • El Consejo de Ministros ha aprobado su anteproyecto de reforma para suprimir aforamientos

Imagen de archivo de una concertina en una valla fronteriza.

EFE

feva cs

El Ministerio del Interior retirará las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla en sus tramos "más vulnerables" y las sustituirá con un nuevo vallado que aporte más seguridad al control de estas fronteras pero "sin medios cruentos".

Así lo ha avanzado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha aprobado un plan dotado de 850 millones de euros para reformar y mejorar las infraestructuras de seguridad del Estado en los próximos siete años.

La retirada de las concertinas se hará "a corto plazo" en los tramos del vallado "más vulnerables", es decir de aquellos que, bien por orografía o por otras circunstancias, son objeto de más intentos de saltos por parte de inmigrantes.

Las concertinas serán retiradas para colocar nuevas vallas, "siempre en términos más seguros" a lo largo de 8,7 kilómetros en Ceuta y 10 kilómetros en Melilla.

"Los medios cruentos no eran disuasorios ante los elementos que empleaban los migrantes", ha expuesto el ministro refiriéndose a un informe de la inspección de Interior, que ha apostado por mejorar la seguridad del sistema fronterizo en estas provincias "con elementos tecnológicos que no sean lesivos para las personas".

El titular de Interior destacó que se invertirán 600 millones de euros en los próximos siete años para la reforma y construcción de comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil. En concreto, se destinarán 275 millones a comisarías, otros 275 millones a cuarteles y 50 millones adicionales a obras en otras instalaciones dependientes de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Con esta inversión, indicó Marlaska, “queremos dignificar las condiciones en que los funcionarios dependientes del Ministerio del Interior prestan servicio público”, de manera que se “mejoran las condiciones de trabajo” y, a su vez, “la atención al conjunto de la ciudadanía”.

Rehabilitación de prisiones y CIEs

Además, el plan contempla la rehabilitación de 54 prisiones. En concreto, se va a proceder a la rehabilitación integral del centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) y a la reforma parcial de otros 53 centros.

En esta misma línea, se reformarán 11 Centros de Inserción Social y se construirán tres nuevas Unidades de Custodia Hospitalaria en Ourense, Sevilla y Toledo. Se impulsa también, explicó Marlaska, la construcción del centro penitenciario norte III en San Sebastián, lo que permitirá el cierre del anterior.

Por otra parte, el plan incluye la construcción de un nuevo centro de internamiento de Extranjeros (CIE) en Algeciras (Cádiz), sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados que se encuentra junto a la carretera CA-9208, que contar con 500 plazas.

El plan supondrá asimismo la mejora de los CIE de Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona y Madrid, así como del centro ya existente en Algeciras y su anexo en Tarifa. La reforma de los ocho centros existentes se ejecutará en un año, mientras que la construcción del nuevo CIE de Algeciras se llevará a cabo en tres. Para estas obras se destinan 33.627.379 euros a ejecutar en tres años.

El ministro ha asegurado que el objetivo es “alcanzar un nuevo modelo de infraestructura que garantice un mayor respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas internadas”. Según explicó, de este modo se atiende a las observaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, los jueces de control y organismos nacionales e internacionales que señalaban que estos centros no reunían las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión a sus países de origen.

Supresión de los aforamientos

El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado el anteproyecto para suprimir algunos aforamientos que están regulados en los artículos 71.3 y 102.2 de la Constitución española.

El Consejo de Ministros tiene previsto estudiar este anteproyecto después de que el Consejo General del Poder Judicial aprobase el pasado mes de diciembre por unanimidad el informe de dicho anteproyecto como paso previo a su aprobación definitiva.

El dictamen compartía que el objetivo de la reforma es seguir el modelo de los aforamientos de los países de nuestro entorno, es decir, que sea en relación "con los actos cometidos por los aforados en el ejercicio de sus funciones".

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