Forcadell justifica que la Mesa desoyera a un Constitucional «politizado» para no censurar el debate independentista

• La expresidenta niega que dirigiera "ninguna estrategia" y alega que querían "defender" derechos fundamentales
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Forcadell: "Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, acusada por la Fiscalía de permitir la tramitación de resoluciones y normas legales en la Cámara autonómica para dotar de "aparente cobertura jurídica" al proceso independentista, ha justificado este martes en el juicio del 'procés' que la Mesa de la Cámara desoyera a un Tribunal Constitucional -aunque esa no fuera la "voluntad" inicial de ninguno de sus miembros- porque no querían "censurar el debate". Ante un Constitucional "politizado" -ha añadido además la acusada- decidieron "defender los derechos fundamentales" como la libertad de expresión, el pluralismo político y la inviolabilidad parlamentaria de los diputados.

Forcadell, la última de los doce líderes independentistas acusados en declarar y que ha lamentado no poder hacerlo en catalán con traducción simultánea, se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel por presunta rebelión por parte de la Fiscalía, por haber facilitado la admisión a trámite de, entre otras, las leyes de referéndum y de transitoriedad aprobadas en el pleno del 6 y 7 de septiembre de 2017, a pesar de que el Constitucional les había advertido de su "deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa encaminada a lograr la independencia de Cataluña y de la responsabilidad penal en la que podían incurrir si no lo hacían así.   

"Nos estaba pidiendo [el TC] una cosa imposible, que nos convirtiéramos en un órgano censor", ha respondido Forcadell a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. "En el Parlament se tiene que poder hablar absolutamente de todo. La palabra y el debate tiene que ser libre. Otra cosas son las consecuencias políticas de ese debate", ha argumentado Forcadell, que ha negado que formara parte de una plan preconcebido para lograr la independencia.

"Yo no participé ni dirigí ninguna estrategia. Me limité a cumplir con mi cargo como presidenta del Parlament", ha resumido Forcadell a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal en un tenso interrogatorio que, sin embargo, no ha estado exento de algunas imprecisiones en fechas y nombres por parte del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado como en otras sesiones.

La fiscal acusa a Forcadell de creer que está por encima del TC

La expresidenta del Parlament ha insistido en que "no es potestad de la Mesa entrar en el fondo de las propuestas ni valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias" y ha atribuido a "cuestiones políticas" el cambio de jurisprudencia marcado por el Tribunal Constitucional. "No se puede permitir que la censura entre en un parlamento", ha vuelto a insistir Forcadell.

En este punto, Madrigal le ha preguntado si, siguiendo esta lógica, también permitiría que se tramitara una propuesta para legalizar la trata de seres humanos, en uno de los momentos más tensos de la sesión. La acusada, visiblemente molesta por la pregunta, ha respondido que para ella "el único límite de la libertad de expresión es el respeto a los derechos humanos". 

Ante la respuesta, Madrigal le ha preguntado si es ella la que decide qué son los derechos humanos o si estos están recogidos en la Constitución y en tratados internacionales, a lo que Forcadell ha respondido que están en la Constitución. La fiscal le ha preguntado entonces si es ella la intérprete de la Carta Magna o lo es el tribunal. "Es el Constitucional, por supuesto", ha respondido Forcadell. "Y, ¿está usted por encima del Constitucional?", ha proseguido Madrigal. "No", ha asegurado la acusada.

Fordadell ha asegurado, no obstante, que respeta "muchísimo" al Tribunal Constitucional pero que "a veces se equivoca" y que en los últimos años ha sufrido "una politización" y ante esta situación desde la Mesa tenían "que valorar los derechos fundamentales".

La expresidenta de la Cámara autonómica ha defendido el trabajo de los letrados del Parlament, que advirtieron en numerosas ocasiones de que no podían tramitarse las resoluciones, pero ha añadido que ellos actuaban con un "exceso de celo" haciendo referencias a informes jurídicos, pero que los integrantes de la Mesa tenían que "tomar decisiones políticas".

Si el pleno del 6 y 7 de septiembre duró tanto, ha argumentado Forcadell, fue por respeto a los grupos de la oposición, que presentaron alrededor de 13 reconsideraciones según recuerda Efe. En cualquier caso, ha insistido en que la Mesa solo facilitaba el debate y ha defendido que la responsabilidad de presentar y tramitar las leyes de desconexión es de los grupos políticos: "Yo no permití nada. Lo permitió el pleno". 

Asegura no entender por qué está siendo juzgada por el Supremo

Al igual que otros acusados, Forcadell ha negado saber de dónde salieron las urnas y las papeletas y ha asegurado que también le gustaría saberlo y ha defendido que animaran a los ciudadanos a ir a votar porque "votar no es delito".

Ha asegurado que nunca pensó que pudiera haber violencia porque "todos los antecedentes (…) indicaban que todo se iba a desarrollar pacíficamente" (…) "Jamás he alentado, jamás, jamás, un acto de violencia. Estoy dispuesta a renunciar en mis convicciones si ellas generan violencia", ha subrayado.

Como otros líderes independentistas que se sientan en el banquillo, Forcadell también ha asegurado que la llamada DUI -declaración unilateral de independencia- del 27 de octubre fue una declaración "política" sin consecuencias jurídicas porque estaba en un preámbulo que no se votó.

A preguntas de su abogada, Olga Arderiu, Forcadell ha defendido que siempre pensó que actuaba protegida por la inviolabilidad parlamentaria y ha subrayado que no entiende que ella esté siendo juzgada por rebelión en el Tribunal Supremo cuando por los mismos hechos el resto de los miembros de la Mesa serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solo por desobediencia, un delito que no comporta pena de cárcel. "Bueno sí que lo entiendo", ha concluido insinuando que es juicio político.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y Carme Forcadell han cerrado este martes los interrogatorios de los acusados antes de que este miércoles se retomen las sesiones con las declaraciones de los primeros testigos, entre ellos el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.