• Barceló, no obstante, asegura que la Fiscalía Anticorrupción estudió el caso "profundamente" y concluyó que no lo vulneraba
  • La Policía requisó este martes el móvil a dos periodistas de Mallorca por una filtración relacionada con un caso de corrupción

La fiscal general del Estado, María José Segarra, a su llegada a un acto en Madrid este miércoles.

EFE / Fernando Villar

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, advirtió de que requisar móviles y ordenadores de dos periodistas podía ser "delicado" si afectaba al secreto profesional de los informadores, pero asegura que Anticorrupción lo "estudió profundamente" y concluyó que no lo vulneraba, ha explicado este miércoles en relación con el caso Cursach de presunta corrupción que investiga la Audiencia de Palma.

Este martes, la Policía Nacional se personó en las sedes del Diario de Mallorca y Europa Press en Palma y requisó los teléfonos móviles de dos redactores en el marco de una investigación sobre una filtración periodística, lo que ha sido rechazado "tajantemente" por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.

En declaraciones a Efe, Barceló ha explicado que "este asunto lo ha llevado y lo lleva la Fiscalía Especial Anticorrupción", por lo que él no tomó ninguna decisión. "Lo que dije -ha recalcado- es 'cuidado' (…) que este es un tema delicado precisamente porque está en juego el secreto profesional de los periodistas".

Barceló ha planteado que "en derecho todo es opinable, y la última palabra la tienen los tribunales", aunque ha confiado en que la intervención de los equipos de los periodistas con el respaldo de un juez no contravino ningún derecho. "Me imagino que tienen los argumentos necesarios para poderlo justificar", ha dicho.

Segarra asegura que la Fiscalía vela por el secreto de las fuentes

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha asegurado este miércoles que los jueces y los fiscales velan por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes periodísticas al ser preguntada por el caso Cursach.

Antes de participar en un acto sobre delitos de odio, celebrado en el Consejo General de la Abogacía, Segarra ha dicho no estar preocupada por si se ha vulnerado el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de expresión e información, en el marco de esta causa.

La fiscal general ha hecho estas manifestaciones poco antes de que varios periodistas le hiciesen entrega de un escrito con más de 200 firmas de profesionales de la información en el que se condenaba la incautación policial a los periodistas, una actuación que fue respaldada por la Fiscalía. Segarra ha declinado hacer más declaraciones sobre el caso, dado que está secreto aunque ha reconocido entender la "inquietud" sembrada en torno a los registros ocurridos.

Por su parte, los servicios jurídicos de Diario de Mallorca preparan una querella criminal por la incautación del teléfono móvil de uno de sus redactores, una actuación que el periódico califica en su editorial de este miércoles de "coacción intolerable".

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