Los Presupuestos de Pedro Sánchez pecan de optimismo. Los socialistas han aprobado unas cuentas públicas absolutamente bucólicas; sin embargo, el ensueño económico del Gobierno se hace añicos cuando irrumpe la realidad matemática. El Ejecutivo ha optado por elevar el gasto social para, según sus explicaciones, atajar las desigualdades que trajo la crisis, y lo financiará subiendo los impuestos a empresas y contribuyentes. Todo ello será posible, siempre y cuando las previsiones de crecimiento económico e ingresos fiscales proyectados por Economía y Hacienda se cumplan a largo de este 2019, cosa que parece harto improbable si se pone la mirada sobre las cifras del cuadro macroeconómico.

Vender la piel del oso antes de matarlo es un problema que casi se ha convertido en crónico cuando hablamos de los Gobiernos socialistas. Según el documento, se elevan más del 40% las partidas dedicadas a inversiones en infraestructuras, vivienda y dependencia. Lo que cabría preguntarse –y por el bien común de España esperemos que el Ejecutivo también lo haya hecho– es cómo se va a afrontar este aumento del gasto y conseguir, además, cumplir con el déficit público fijado en el 1,3% pactado con Bruselas cuando la previsión del crecimiento del PIB cae hasta el 2,2% y el consumo privado –uno de los puntales de nuestra economía– decrece del 2,3% hasta el 1,7%.

Y no sólo eso, también debería cuestionarse cómo sufragará el aumento del 2,5% del salario de los funcionarios o el 1,6% de las pensiones cuando se prevé una ralentización en la creación de empleo y, por lo tanto, un debilitamiento del ingreso por cotizaciones sociales. Según el proyecto, que nace ya cojo al no tener garantizados los apoyos de Podemos, ERC y PDeCAT –sus socios en la moción de censura– en el Congreso, se prevé una mayor asfixia fiscal para todos los españoles, pero con especial inquina impositiva para las verdaderas generadoras de empleo e inversión productiva: las empresas. Sánchez ha conformado unos Presupuestos irreales que sólo tienen un objetivo: disfrazar la ineficacia política y económica de un Gobierno que nació sin la legitimidad de las urnas.

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