Pedro Sánchez no puede seguir dando la espalda a los venezolanos. Hasta el momento, lo único que ha conseguido el presidente del Gobierno de España con la concesión de ocho días de plazo a Nicolás Maduro para que convoque elecciones libres y democráticas en el país ha sido brindar tiempo y margen de maniobra al dictador. Sin embargo, el tiempo es precisamente lo que apremia en la férrea represión que está viviendo la ciudadanía de Venezuela desde que Juan Guaidó tomó las riendas del país para reinstaurar una democracia que lleva años mutilada.
En apenas unos días, desde el vago ultimátum de Sánchez a Maduro, el régimen chavista ha puesto en marcha una investigación preliminar contra Guaidó y ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que no permita al presidente de la Asamblea Nacional salir del país, así como la prohibición de operar con sus cuentas bancarias o realizar transacciones de bienes que pudieran salvaguardar su patrimonio de las garras del chavismo. Una nueva arremetida del Gobierno bolivariano contra el disidente que, acorralado por la presión internacional y el presumible desmoronamiento de Maduro, ha optado por su habitual modus operandi desde hace décadas: el acoso, la represión y la violencia.
Venezuela tiene derecho a la restauración de un Estado de Derecho y una democracia real con la que poder expresar con garantías su soberanía popular, pero para conseguirlo necesita del apoyo impasible de aquellas naciones con arrojo que gozan de libertad. Por ello, Sánchez ha errado dando esta prórroga a Maduro, más cuando, además, las manifestaciones en Caracas contra el régimen chavista la semana pasada se han saldado con víctimas mortales y cientos de heridos que sólo querían expresar su rechazo a un sistema salpicado de corrupción que está llevando al país a la más absoluta devastación donde, incluso, la vida humana está perdiendo su valor.
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