La renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supone un loable ejemplo y, al mismo tiempo, una rigurosa advertencia. Ejemplo porque el prestigioso fiscal ha antepuesto la independencia y credibilidad de la justicia a su propia ambición e intereses personales. Advertencia para los políticos, que deben tomar muy en serio la crisis generada por las filtraciones que situaban a Marchena como máximo responsable del Alto Tribunal y del CGPJ. Nuestro país ya tiene suficientes problemas e inestabilidad desde que gobierna Pedro Sánchez como para añadirle otras que son evitables. Los problemas continúan en este asunto. De hecho, este mismo miércoles los partidos políticos han retirado formalmente de la carrera a sus candidatos.
Por lo tanto, la renovación del Poder Judicial está en punto muerto. Si algo ha quedado claro tras esta crisis es que nuestros representantes políticos deben resucitar a Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu. El filósofo y jurista francés de la Ilustración (siglo XVIII) que preconizó la separación de poderes y que escribió que “para que no se pueda abusar del poder, hace falta que el poder detenga al poder”. El mismo al que mató Alfonso Guerra en 1985 cuando su reforma entregó en manos de los partidos políticos la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial español. A tenor de lo visto en los últimos días, hay que volver de manera inexcusable al sistema que había antes de Guerra, que lo cambió por puro interés partidista del PSOE.
Por mucho que poco a poco todas las formaciones vayan manifestando la imperiosa necesidad de modificar el sistema vigente, lo cierto es que sólo Ciudadanos protestó desde el principio al ver que la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial parecía un “supermercado”. De hecho, partidos como Podemos —que había calificado en el pasado al CGPJ como “historia negra de este país”— o líderes como Sánchez —que manifestaron su voluntad de tener una justicia “verdaderamente independiente”— han salido muy señalados en su credibilidad tras esta crisis. Especial mención para la controvertida y reprobada ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien filtró la propuesta de Marchena para torpedearla. Los jueces deben elegir al gobierno de los jueces. Todo lo demás será una falta de respeto por la independencia judicial que lastrará la salud democrática de nuestro país.
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