Inmunes a los hechos

La noticia no ha hecho mucho ruido y por ello, tal vez, merezca la pena un subrayado. El Juzgado de Primera Instancia 41 de Barcelona declaró el pasado día 10 que no hay “prueba alguna” que permita afirmar que Sociedad Civil Catalana (SSC) exalta el franquismo o el nazismo, en una sentencia en la que condenaba a las organizaciones Comissió de la Dignitat, Amical de Mauthausen, SOS Racisme de Catalunya, Fundació Privada Congrés de Cultura Catalana, Fundació Catalunya, y al particular Marcus Pucnik a indemnizar con 15.000 euros y a publicar a su costa el fallo en La Vanguardia.

Los hechos se remontan al 30 de octubre de 2015, fecha en que dichas entidades divulgaron un manifiesto que hablaba, entre otras lindezas, de la existencia de “pruebas e investigaciones [sic] que vinculan SSC con organizaciones de extrema derecha, y por las informaciones publicadas en los medios de comunicación que relacionan SCC y su ex presidente Josep Ramon Bosch con el franquismo y el nazismo”. El texto solicitaba, asimismo, al jurado del Parlamento Europeo que revocara la concesión del Premio Ciudadano Europeo 2014 a SCC, por entender que “la apología del franquismo, del nazismo son incompatibles con valores de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea”. Ahora, el juez califica el documento de “intromisión ilegítima en el derecho al honor” de SCC, al vincularla a tales conductas. La organización también había demandado a los eurodiputados Josep Maria Terricabras, Ernest Maragall, Ramon Tremosa, Jordi Sebastià, Josu Juaristi y Lidia Senra, verdaderos instigadores del manifiesto, pero el Juzgado les excluyó del caso en aplicación de su inmunidad parlamentaria. Sea como sea, el caso les retrata como lo que son: arietes de la estrategia de criminalización del constitucionalismo.

No era la primera vez que se valían de infundios para presentarse ante sus colegas de Bruselas como víctimas del autoritarismo español, sobran las comillas. De hecho, podría decirse que el cometido de los nacionalistas en el Parlamento comunitario no ha sido otro que exaltar el particularismo catalán y desprestigiar al Estado español, ya sea poniendo en entredicho la independencia de sus jueces o negando sin más su condición de Estado de Derecho.

Yo misma estuve en la diana de una de sus campañas a propósito de una conferencia de Euromind, el foro sobre ciencia y política que promuevo desde 2015, sobre la dimensión psicobiológica de los secesionismos. En ella, el catedrático de psiquiatría Adolf Tobeña exploró los atributos de la frontera etno-nacional y sus fricciones ordinarias, y ahondó en la comprensión de ese fenómeno para descartar con rotundidad la hueca tendencia a postular una mediación psicopatológica. Se trataba de terciar en el desconcierto interpretativo que había suscitado el procés y refutar las explicaciones basadas en enajenaciones o delirios transitorios colectivos.  Pues bien, los mismos eurodiputados que calificaron de fascista a SCC, trataron de impedir la celebración del acto (en el que también intervinieron Carsten K.W. De Dreu y Mark van Vugt) con el espurio argumento de que el propósito del mismo era tildar de enfermos mentales a los nacionalistas catalanes. Tremosa, concretamente, remitió una carta al presidente del grupo ALDE, Guy Verhofstadt, en que aseguraba, sin rubor ninguno, que en esas charlas iba a decirse que “ser proindependencia está asociado a una enfermedad mental“, que “dos millones de votantes catalanes iban a ser retratados y presentados de forma muy peligrosa” y que era inaceptable “que se permita que se refieran a Cataluña y a nuestro movimiento político insultándolo o tratándolo directamente como una enfermedad”. Maragall no le fue a la zaga: “Este uso de argumentos psiquiátricos y psicológicos para analizar el crecimiento de determinadas ideas políticas es un recurso propio de regímenes totalitarios”. También entonces hablaron sin pruebas, como en ellos es habitual. En esta ocasión un juez se las ha pedido.